El debate sobre la regulación de los vientres de alquiler o maternidad subrogada está candente. Diversos partidos políticos quieren instar al Gobierno de España a impulsar una Ley de regulación de Gestación Subrogada, que garantice la legalidad de este tipo de prácticas en nuestro país.
La lucha se ha iniciado en la Comunidad de Madrid de la mano de partidos políticos como Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, ya incluyó esta medida en su programa electoral. Pero también, el PP de la Comunidad de Madrid, liderado por Cristina Cifuentes, manifestó su voluntad de votar a favor de esta iniciativa.
La regulación de la maternidad subrogada es un tema del que muchas voces se han hecho eco.
Sin embargo, otras formaciones políticas como el PSOE se han manifestado en contra de la proposición, al considerar que no se debe permitir la utilización del ser humano como espacio del préstamo de sus cuerpos para los intereses de quienes recurren al tratamiento de gestación subrogada. Y desde Podemos se ha pedido una regulación más estricta que garantice de forma más eficaz los derechos de las gestantes que en muchas ocasiones se convierten en actores invisibles en estos procesos.
El proceso, sin duda, tiene profundas aristas éticas y los vientres de alquiler no son una mera técnica. La necesidad de la regulación de la maternidad subrogada es un tema del que muchas voces se han hecho eco como cuestión que afecta también al Derecho de Familia y que supone la accesibilidad a cualquier familia que no pueda gestar a tener hijos, el respeto a la autonomía de la gestante, el derecho de los hijos a conocer su origen biológico, la ausencia de parentesco entre la familia y la gestante, la irreversibilidad del contrato o el pago económico que haya que realizar.
El Derecho está para dar respuesta a las necesidades de la población, y es un hecho contrastado que cada año más niños a España nacen por gestación subrogada. La no regulación está dando pie a problemas legales y a una enorme inseguridad jurídica, ya que en España la maternidad subrogada no está permitida, pero en California y en Ucrania es posible llevarla a cabo, aunque este hecho provoca problemas después cuando las parejas intentan inscribir a sus hijos en el registro civil español.
La no regulación de la maternidad subrogada está generando una enorme inseguridad jurídica
Asimismo, más allá de que jurídicamente que sea nulo o no este tipo de acuerdo entre las partes implicadas, hay otros factores más importantes y que son el de determinación de la «filiación» de esos niños nacidos porque ellos no tienen responsabilidad alguna sobre la forma en que fueron procreados. Al embrión, y luego al niño que nazca, nadie debería tampoco perjudicarlo, ni siquiera por errores o mala aplicación de los convenios, pues está protegido por el Derecho. La falta de regulación pone a estos niños también en situación de inseguridad jurídica.
Mientras tanto, el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de diciembre una moción que condenaba los vientres de alquiler. La moción fue aprobada teniendo en cuenta el “Informe Anual de Derechos Humanos y la Democracia en el Mundo 2014”.
Esta resolución del Parlamento Europeo “condena la práctica de la subrogación” ya que “socava la dignidad humana de la mujer” al ser utilizado su cuerpo y sus funciones reproductivas “como una mercancía”. Además, la resolución de este parlamento considera que la práctica de la gestación subrogada implica “la explotación con fines lucrativos” de la reproducción y el cuerpo humano.
Lo cierto es que, esta problemática necesita urgentemente respuestas y de una regulación que, hoy por hoy, no tiene. Se precisa que se dicten normas coherentes que se ajusten al contexto socio cultural actual español. Y para conseguirlo debemos seguir trabajando todos, especialmente, los abogados de familia.